¿Embajadas y corrupción en algunos sindicatos policiales?

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  • Que un policía sindical llegue a una embajada menos de un año después de haber sido elegido vocal del Consejo de Policía es de dudosa coherencia.

  • Los sindicatos policiales están desahuciados para cumplir con su labor de defender los intereses de los profesionales

¿Embajadas y corrupción en algunos sindicatos policiales?
Los sindicatos policiales se han convertido en un altavoz de la Institución como si fueran un órgano más de la misma, confundiendo su papel e impregnándose de corporativismo rancio.

 

Están siendo noticia en los últimos días casos de miembros de la Policía Nacional, de la escala ejecutiva, que han obtenido puestos de trabajo en embajadas y consulados de España en el extranjero. En ellas se reciben unas retribuciones muy superiores en varios miles de euros cada mes a las que perciben en su puesto de trabajo en España, relacionando ese destino con prácticas irregulares en el cumplimiento de órdenes del Gobierno en una actividad de utilización política de la Policía.

Fuentes Gago, el personaje principal

El más destacado de los policías que se han hecho famosos por destinos en embajadas es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. En la susodicha legación extranjera, Fuentes Gago percibe unos 10.000 euros al mes, estando también destinada en la misma ciudad su esposa, que viene a percibir las mismas retribuciones.

Fuentes Gago ha sido muchos años presidente nacional del SPP. Además, entre el 2011 y el 2013 dedicó una parte importante de su actividad sindical, en unión de los sindicatos CEP y UFP, a insultar, difamar y atacar con todo tipo de mentiras y manipulaciones al entonces secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet. Ni Fornet ni los máximos dirigentes de dichos sindicatos ocupan ya sus cargos.

Arriba, de izqda. a drcha. Arrillaga (UFP), López (CEP) y Gago (SPP) en su trilateral contra Fornet y el SUP; en el centro arriba y en el centro de la imagen, Vázquez Romay; a la derecha arriba, López (CEP); debajo en el centro Lorenzo Nebreda (lo del lema “comprometidos con nuestra gente” es muy apropiado referido a los liberados de CEP), y a su derecha Sánchez Fornet
Arriba, de izqda. a drcha. Arrillaga (UFP), López (CEP) y Gago (SPP) en su trilateral contra Fornet y el SUP; en el centro arriba y en el centro de la imagen, Vázquez Romay; a la derecha arriba, López (CEP); debajo en el centro Lorenzo Nebreda (lo del lema “comprometidos con nuestra gente” es muy apropiado referido a los liberados de CEP), y a su derecha Sánchez Fornet

 

Los personajes secundarios

Además del inspector jefe Fuentes Gago y de su esposa, están en embajadas o consulados el que era secretario general de CEP, Ignacio López, y su segundo en CEP, Lorenzo Nebreda —se fue antes a otra. También quien sustituyó a este último.

El de UFP durante ese tiempo, el subinspector Arrillaga, pasó de su destino en Getafe a un despacho en la secretaría de Estado de Seguridad, donde puede disponer de tiempo para estudiar y preparar su ascenso a la escala ejecutiva. Y el secretario general durante 20 años de UFP, policía escala básica, Fernando Vázquez Romay, quien dedicó su actividad a atacar al SUP y a su secretario general durante 20 años, Sánchez Fornet, ha enlazado al menos tres periodos de dos años cada uno en legaciones diplomáticas.

Estos sindicatos antes citados, SUP, CEP, UFP y SPP, han sido los únicos organismos en España, —además del Gobierno del PP— que han dado el visto bueno a la Ley Mordaza. Ahora van de la mano y han permitido que se cambie la Ley de Personal, unos votando a favor, y otros en contra con la boca pequeña. Porque nada han hecho más de llorar como plañideras.

Lo mismo ha pasado con la jornada laboral. Tampoco han hecho nada ante el cambio de insignias por el que se han introducido símbolos políticos como la corona monárquica en los distintivos. Es una forma de estructura del Estado como otra cualquiera que puede ser modificada por la voluntad popular en democracia.

Y los extras

La secretaria general del SUP desde 2013, Mónica Gracia, a quien en 20 años de liberación sindical no se le ha abierto ni un expediente disciplinario —excepto uno por perder la placa—, ha tenido dos ascensos —y otros dos su esposo— y está adquiriendo una vivienda en Madrid con una golosa dieta sindical.

El ministro Interior responde con escrito de 4 sindicatos policiales –SUP, CEP, UFP, SPP- avalando sus medidas a diputado socialista por Jaén e inspector de Policía Felipe Sicilia.

El ministro Interior responde con escrito de 4 sindicatos policiales –SUP, CEP, UFP, SPP- avalando sus medidas a diputado socialista por Jaén e inspector de Policía Felipe Sicilia

Olga Orea es inspectora, vocal del SUP y antes de la CEP, amiga de la Sra. Gracia. Fue destinada a una legación diplomática por libre designación.

Hace escasos meses ha sido destinado a la Embajada de Ucrania el policía Juan Carlos Bermejo Cordero, de la escala básica, hombre de confianza de la señora Gracia que fue destinado desde Cáceres a Ávila donde su esposa, inspectora, es profesora. Bermejo Cordero fue propuesto en el año 2011 como candidato al Consejo de Policía en las listas del SUP. Su candidatura la avalaba Mónica Gracia, entonces vicesecretaria general, por conocerlo en Ávila donde ella era responsable de las campañas de afiliación.

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En la asamblea nacional para elegirlo en la candidatura, la delegación de Extremadura protestó porque, según sus miembros, la trayectoria de Juan Carlos Bermejo en Cáceres no había sido precisamente destacada ni en actividad sindical, ni en defensa de los derechos de los compañeros; más bien al contrario. Sin embargo, fue elegido en la lista que propuso la dirección nacional. Este hombre estuvo liberado al menos dos años antes de ser elegido vocal del Consejo de Policía en 2011, más los cuatro años de dicho mandato, más al menos uno posterior. Suman en total siete años de liberación tras los que ha sido destinado a la Embajada en Ucrania.

No existe ningún dato en su currículo, ni de especialidad, ni de antigüedad, que lo pueda anteponer a otros miles que lo tienen solicitado con mayor antigüedad y/o especialidad —por ejemplo, UIP—, salvo el «enchufe» sindical. Esas prácticas son inmorales y corruptas por parte de la Dirección General de la Policía y de quienes lo consienten sin denunciarlas. Irse a una embajada menos de un año después de haber sido elegido vocal del Consejo de Policía es de dudosa coherencia.

¿Para qué sirven los méritos?

Estos puestos son de libre designación y sólo durante un corto periodo de tiempo, y por presión del SUP histórico, se ocuparon mediante baremo con antigüedad y méritos. Juan Carlos Bermejo fue propuesto en 2013, al ocupar Mónica Gracia la secretaría general, para ocupar una de las vacantes del Comité de Garantías como persona de su confianza.

Desde el ordenador en Ávila que utilizaba Juan Carlos Bermejo se emitieron escritos anónimos insultantes y difamando a miembros de la anterior dirección del sindicato, opuestos a la Sra. Gracia por su giro corporativista y su falta de reivindicación ante el Ministerio de Interior, o simplemente contra ex dirigentes cuya credibilidad entre los representantes y afiliados parecía molestar, quedando rastro de ello en los metadatos y sin que el Comité de Garantías, que preside José Freire López, decidiera investigar a pesar de que era fácil —y todavía hoy se podría hacer buscando algún ordenador del SUP donde llegó el mensaje original y analizando el ordenador del SUP emisor de Ávila escuela.2

Bermejo alegó que podía haber sido cualquier otra persona, otro ordenador, y que se podían haber manipulado los metadatos para tratar de inculparlo a él. Pero decidieron no hacer ningún examen pericial con personal cualificado y con los medios precisos para identificar al mafioso que lo hizo. Curiosa laxitud la del Comité de Garantías y Comité Nacional, cuando han aplicado una saña sindicalmente criminal contra otros discrepantes o por ser de ideas progresistas.

Esos escritos fueron denunciados también a Régimen Disciplinario de la Dirección General de la Policía, muy ágil para abrir expedientes a policías y responsables sindicales como Alfredo Perdiguero, o a ex responsables como Sánchez Fornet. Pero en ese caso no hizo nada no fuera a ser que el autor o autores del líbelo fueran torpes y quedasen al descubierto. Ni respondieron ni devolvieron el pendrive que contenía las pruebas para iniciar una investigación contra un policía cobarde que usaba el anonimato para difamar a Sánchez Fornet, y por supuesto ninguno de los sagaces instructores. Ni el jefe de régimen disciplinario, ni el subdirector de Personal, ni el director general de la Policía hicieron nada.

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Incoherencias evidentes

Esto de los destinos en las embajadas, si se generaliza, como ocurre cuando se señala a hijos de comisarios u otros enchufados que acceden a la Policía por la escala ejecutiva, supone que pagan justos por pecadores, porque seguro que hay en legaciones diplomáticas personas cuya trayectoria profesional y antigüedad les hace acreedores/as para ocupar ese puesto, como hay hijos de mandos en la escala ejecutiva que han ingresado limpiamente. Dejamos claro que no todos los casos son iguales y que hay que analizar uno a uno. Por eso aquí citamos algunos que destacan por su evidente incoherencia.

En la Policía, el sindicalismo es complicado

Manuel Soler abandonó el Comité de Garantías presionado por la dirección nacional y los otros dos miembros de ese órgano con resoluciones injustas a discrepantes y progresistas por sus ideas
Manuel Soler

La discrecionalidad con la que te pueden enviar a uno u otro puesto de trabajo, la discrecionalidad en los ascensos para hacer cursos o estar en destinos privilegiados, los expedientes disciplinarios y querellas para unos —los independientes y decentes— y los beneficios que pueden dar a otros —los más dóciles a los intereses políticos o de algunos mandos— en ascensos y otras prebendas son el cáncer del sindicalismo policial.

Manuel Soler abandonó el Comité de Garantías presionado por la dirección nacional y los otros dos miembros de ese órgano con resoluciones injustas a discrepantes y progresistas por sus ideas.

Y otro cáncer que ha acabado de destruir la práctica sindical reivindicativa son los dirigentes sindicales con hijos en el Cuerpo. Hay casos de evidente cambio de dirigentes sindicales que, a raíz del ingreso de sus hijos en la Policía, cambian el megáfono por alabanzas a los mandos, convirtiendo la práctica sindical en una pantomima.

La última gran manifestación nacional de policías se llevó a cabo en 2012, con la anterior dirección del SUP, el histórico, y fue apoyada solo por el SIPE de Alfredo Perdiguero. Durante el gobierno socialista anterior los demás sindicatos, sí se sumaron a las que se convocaron y Fuentes Gago fue hasta el portavoz de todos ellos.

El SUP y las leyes de Personal y Mordaza

José Freire y Juan Carlos Bermejo, Comité Garantías SUP
José Freire y Juan Carlos Bermejo, Comité Garantías SUP

En estos cuatro últimos años se ha elaborado una Ley de Personal con tres sindicatos a favor y dos en contra. Pero el mayoritario, el SUP, que dijo estar en contra de palabra, con hechos no ha sido coherente con lo que decía porque no se ha movido, ya sea por no tener capacidad —¿o dinero?—, lo que sería malo, o porque no ha querido, lo que sería peor, transmitiendo en cualquier caso una sensación de grave impotencia. Otra más, como la que ha hecho con el cambio de insignias, igualmente en contra pero sin argumentar ni actuar sindicalmente para impedirlo, sino simplemente protestando de palabra aunque aceptando de hecho el cambio.

 

Lo mismo ha ocurrido con la jornada laboral, la división sindical ha facilitado que la Dirección General haya impuesto la regulación que quería, y aquellos sindicatos que estaban de acuerdo deben rendir cuentas ante sus afiliados si se han equivocado. Pero el SUP, que ha estado en contra, ¿qué acción sindical ha llevado a cabo para impedirlo? Y la mancha que perseguirá a los sindicatos policiales españoles sobre cualquier otra es haber avalado la Ley Mordaza.

Y algunos desde el primer borrador, el que todos los informes decían que vulneraba la Constitución, ya había sindicatos diciendo que era necesaria. Ni los policías ni la ciudadanía española merecen estos comportamientos.

Isidoro Zamorano, afiliado del SPP

Un dato más de lo que han sido los sindicatos policiales, además de los destinos a embajadas y de otros comportamientos en relación con hijos de sus dirigentes, que serían muy largo de exponer aquí, tiene nombre propio: Isidoro Zamorano. Muchos años de dirigente nacional de CEP, vocal del Consejo de Policía, y se «coloca» de asistente o asesor de Ignacio Cosidó.

Isidoro Zamorano, Policía de CEP, SPP y asistente del DGP
Isidoro Zamorano, Policía de CEP, SPP y asistente del DGP

 

El gran policía profesional independiente que lleva toda la vida llamando politizados a otros que defienden los derechos humanos resulta que es miembro de la Comisión del Partido Popular en asuntos de Interior y recala de ayudante del director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Y cuando asciende a subinspector, por aquello de la cuestión de clase, se afilia al SPP.

La cruzada de Bermejo Cordero

Volviendo a Juan Carlos Bermejo Cordero, durante su mandado en el Comité de Garantías, ha realizado, junto con el presidente, José Freire López, una auténtica cruzada inquisitorial contra dirigentes que eran críticos con la dirección general y contra quienes eran progresistas y denunciaban el giro conservador y reaccionario que se estaba observando en el SUP. Han sido expulsados, sancionados o invitados a irse por el aire irrespirable y falta de democracia interna muchos dirigentes históricos y decentes.

Manuel Soler, histórico dirigente del SUP en Melilla, en Benidorm, del Comité de Garantías, del OCC -Observatorio Contra la Corrupción-, y fundador y promotor del nuevo sindicato ARP, Agrupación Reformista de Policías.
Manuel Soler

Entre ellos, el presidente durante más de 20 años del Comité Revisor de Cuentas, Adolfo Pérez Padilla; el miembro del Comité de Garantías, Manuel Soler; el más de 20 años secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, así como otros miembros de la dirección nacional que eran críticos con determinadas prácticas y secretarios generales y dirigentes de, entre otros, comités como Jaén, Almería o Córdoba.

Manuel Soler, histórico dirigente del SUP en Melilla, en Benidorm, del Comité de Garantías, del OCC -Observatorio Contra la Corrupción-, y fundador y promotor del nuevo sindicato ARP, Agrupación Reformista de Policías.

Y todo ello con la rotunda oposición de Manuel Soler, el tercer miembro de dicho órgano de garantías, que acabó dimitiendo por la presión que tanto ellos como la secretaria y vicesecretaria general ejercieron sobre él, harto de un clima enrarecido y sucio en sus relaciones con ellos, con injerencias en los expedientes y sin atender a los estatutos ni los argumentos de defensa.

Jubilarse en el SUP

En el SUP, sindicato que nació en la clandestinidad, hace unos años se planteó que había que buscar la fórmula legal para que los jubilados, aquellos que se arriesgaron en la clandestinidad, pudieran seguir participando en el sindicato toda la vida. Se incluyó un artículo, el seis, que la abogacía del Estado no aceptaba alegando que, siendo jubilados, ya no eran funcionarios y estaban fuera de la ley 2/86 que exige que sean policías.

Se recurrió contra dicha decisión y los estatutos fueron inscritos con ese articulado. Como los más antiguos por su experiencia y conocimientos estaban planteado reparos a las decisiones de la dirección nacional, simplemente tomaron el escrito del abogado del Estado sin usar el recurso y obviando el hecho de que el artículo seis de los estatutos está legalizado con los mismos y aceptados en el registro especial de asociaciones. En otra decisión ilegal les quitaron el derecho a voto y a ser elegido ni elegible.

Eso sí, la vicesecretaria general, Pilar Olalla, que fue profesora en Ávila de la actual secretaria general, inspectora jefe, lleva nueve años en segunda actividad sin destino, alejada de la Policía y dirigiendo el sindicato en la sombra.

A la izquierda, Pilar Olalla, vicesecretaria general, insp-jefe y 9 años en 2ª Actividad.
A la izquierda, Pilar Olalla, vicesecretaria general, insp-jefe y 9 años en 2ª Actividad.

Así está el movimiento sindical en la Policía, desahuciado para cumplir con su labor de defender los intereses de los profesionales, de los trabajadores de uniforme de la Policía Nacional. Habitualmente se han convertido en un altavoz de la Institución como si fueran un órgano más de la misma, confundiendo su papel e impregnándose de corporativismo rancio, que es tan enemigo de la ciudadanía como de los buenos profesionales.

Esta es una asociación de policías veteranos que no va a participar en el sistema de representación sindical en la Policía, pero sí ejerceremos la libertad de expresión que nos concede la Constitución para opinar de lo que ocurre en las fuerzas de seguridad y apoyar o denunciar aquellas prácticas, medidas, reivindicaciones o propuestas que se hagan o lleven a la práctica sus mandos, sindicatos o responsables políticos.


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