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Un destacamento de la Guardia Civil al mando del teniente Mancebo y 22 soldados, todos mantenidos por el Ayuntamiento de La Unión, cortaron el paso a los mineros cuando llegaban a la fundición. Entonces comenzó la carga

Detalles del pueblo y de las Minas de La Unión tras la nevada de los años 40 | Manuel Morales
Detalles del pueblo y de las Minas de La Unión tras la nevada de los años 40 | Manuel Morales

20.000 mineros de La Unión, Cartagena, hastiados de sometimiento y opresión vital, decidieron el 7 de marzo de 1916, martes de Carnaval, izar las manos en huelga para pedir lo que era suyo por derecho también vital.

La crisis europea de aquellos tiempos ocasionó, como ahora, largas demandas de trabajo y enormes vulneraciones de los derechos humanos que se traducían en la imposibilidad de vivir dignamente según usos y costumbres razonables. Es decir, el día a día era insoportable.

La minería española estaba enferma de poder. Alfonso XIII parecía no entender que la participación de su conde, el de Romanones, no facilitaba el desempeño de las labores en las minas. Tampoco la Guardia Civil parecía empatizar con quien sufría de desafuero e injusticia.

Los trabajadores de La Unión soltaron aquel día los picos para levantar las manos en busca de salarios más dignos, entre otras cosas, que aportasen más facilidades a los que ya se tenían y que iban de las 250 a las casi 350 pesetas semanales.

Como ya ocurriese en mayo de 1898, el 7 de marzo de 1916, la extracción de Cartagena pedía que se terminase con el sistema de pago a través de vales. Un método de abono que obligaba al trabajador a comprar exclusivamente en los negocios que se habían habilitado para ello desde las grandes corporaciones mineras. Además, por sentido común y viendo que sus jornales alcanzaban de milagro para comprar hogazas de pan, los mineros de La Unión consideraron que era justo que fuesen sus patronos quienes corriesen con los gastos derivados del carburo y de la piedra que hacían de candil dentro de las galerías.

«El poder pudre la sangre»

A pesar de que era el miedo a no tener un plato en la mesa lo que más acongojaba a los mineros de La Unión, y por la negativa tajante de la patronal, los trabajadores rebajaron sus demandas a tres reales más. La respuesta de quien tenía la sartén por el mango fue clara: o uno, o nada. Los trabajadores, a la huelga.

Cuando regresaban a casa después de haber debatido las líneas a seguir en sus peticiones, y respaldados en todo momento por UGT y CNT, vieron humo a la altura de la Fundición de Pío Wandossel. ¿Esquiroles?

Comenzaba aquí la tragedia. Un destacamento de la Guardia Civil al mando del teniente Mancebo les cortó el paso a la fundición junto a 22 soldados, todos mantenidos por el Ayuntamiento de la localidad. Y comenzó la carga.

Ocho de los mineros recibieron la muerte a las puertas de Wandossel y uno más en el hospital. Entre ellos, Ana María Céspedes Soler y un par de niños que echaban horas trabajando en la mina. Uno de nombre Francisco Carrillo Paredes; el otro sin identificar. Teresa Fernández Herrera cuenta que

«Gracias a los camilleros de la Cruz Roja que se interpusieron entre la fuerza pública y los trabajadores la masacre no fue mayor. A los heridos para los que no había camillas los llevaron a hombros al hospital de La Unión, donde las Hermanas de la Caridad se volcaron en la atención a los heridos».

No debió ser muy lícita la carga de la Guardia Civil porque, por la tarde, los reproches del capitán de la Cruz Roja hicieron que las palabras entre él y el teniente Mancebo se transformasen en guantadas. Nada serio.

Igual que el acontecimiento en sí, ya que a pesar de haber sido abierta una investigación, el resultado quedó en aguas de borraja. Nadie se hizo cargo, nadie fue culpado, pero la muerte se tomó la justicia por su mano y se llevó a nueve hombres que pedían ser tratados con dignidad.

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