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Para el sindicato ARP, sí, pero la Guardia Civil tendría que cambiar su nombre por el de Cuerpo de Policía Nacional, civil y jerarquizado

Miembros del sindicato Agrupación Reformista de Policías, ARP
Miembros del sindicato Agrupación Reformista de Policías, ARP

El sindicato de Policía ARP ha presentado públicamente un proyecto en el que da 16 razones modificativas que servirían, según su parecer, para construir un modelo de seguridad ideal, más que otra cosa porque «la mayoría de los puntos tratados, y otros que se podrían incorporar, representan una demanda justa y mayoritaria».

Entre las 16, algunas de sobra conocidas por todos como el histórico de la jornada laboral, la reclamadísima equiparación salarial o el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, de los que, por cierto, hablaremos próximamente; otras novedosas que animan a derogar «leyes y normas obsoletas que atentan a los derechos y obligaciones» de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los de las Policías Locales, y alguna más universal como la referida a la necesaria «erradicación de la violencia de género».

Se podría compendiar en proyecto de la Agrupación Reformista de Policías diciendo que lo que se busca con su puesta en marcha es poner en valor un conjunto de «ideas prácticas […] y asumibles sin grandes costes económicos, y unos puntos referenciales basados en concebir un servicio público eficiente, práctico y sensible con la ciudadanía». El pan de cada día de todo programa que se precie.

Todos juntos y revueltos

La más polémica de todas las razones, sin duda, la última, que es la que trata de «la creación de un único Cuerpo Policial Civil, unificando la Guardia Civil y la Policía Nacional». El nombre de la supuesta agrupación respondería a Cuerpo de Policía Nacional. Medida utópica, no por tener los medios administrativos y legales a su alcance, que si se quiere, se tienen, sino por la puesta en común del beneplácito de todos los implicados, sobre todo de los miembros de la benemérita, que dejarían el nombre tendido en la cuerda del recuerdo.

ARP alude a la económica como principal causa de esta hipotética unificación. Según el sindicato, ya está bien de gastos innecesarios por parte del Gobierno Central:

«Los 154.500» hombres y mujeres que engrosan las listas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil pasarían a formar un todo, configurándose un «cuerpo con estructura jerarquizada y naturaleza civil con competencias en todo el territorio nacional». Gastos que se refieren a las «casas cuarteles, uniformidad, dotaciones y armamento», entre otros.

A este respecto, ARP demanda un reparto equitativo de efectivos humanos de acuerdo al número de habitantes, que es lo que llanamente equivaldría a decir que ni tanto ni tan calvo: Todas las ciudades de más de 30.000 habitantes deberían contar con una Comisaría de Policía, quedando la Guardia Civil fuera de estos destinos para ocuparse de aquel «territorio que le ha sido asignado —es decir—, las zonas rurales y pueblos de menos de 30.000 habitantes que están en franco abandono».

Pero cuidado, este reparto del pastel tendría vigencia solo hasta que se formase el nuevo Cuerpo Policial Civil. Por lo visto, y según la Agrupación, a día de hoy esto no es así «por la por la oposición de la Dirección General de la Guardia Civil en su momento».

El nuevo Cuerpo, que tendría dos satélites importantes en los «96.000 funcionarios» de la policía local y de las autonómicas, vendría a solucionar el problema de la equiparación salarial entre Guardia Civil y Policía Nacional. Lo que no queda muy claro es qué papel juegan los locales y los autonómicos en este cotejo.

La descoordinación, un denominador común

Y en más de un ámbito. Según el modelo de seguridad propuesto por la Agrupación Reformista de Policías, ha estado y está en boca de todos la falta de coordinación de las diversas fuerzas policiales existentes en España, esto es, de las adscritas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. No hay labor de consenso, no porque no quieran las FCSE, sino porque de quiénes dependen no han mostrado voluntad ninguna para reconocer el trabajo de sus funcionarios.

En algunos casos, ha sido la politización de los mandamases lo que no «ha beneficiado a la organización de una Policía modélica en un estado federal como es el español», y en otros casos, léase policías locales, la infravaloración ha tenido su raíz en la no dotación del «estatus de carácter policial, en tierra de nadie, y tratando de justificar su papel de policías. Además de estar infravalorada, sujeta al papel recaudatorio de municipios y asumiendo un papel de segundo orden».

Así, el modelo de seguridad propuesto por ARP alude también a las identificaciones indiscriminadas «propias de un estado de excepción» que se realizan en la supuesta búsqueda de sustancias estupefacientes. Descoordinación, porque hay demasiados efectivos policiales en las ciudades para esta tarea y pocos en las zonas rurales para lo mismo:

«Se están dando situaciones en la que la Policía Local establece controles de vehículos, la Policía Nacional de Personas y la Guardia Civil de alcoholemias y sustancias estupefacientes en una misma ciudad y el ciudadano deba identificarse y ver revisada sus pertenecías por tres cuerpos policiales distintos».

Un jaleo que pone en jaque la libertad que uno tiene o debería tener de andar por la calle. Tanto, que ARP piensa denunciar todas las identificaciones masivas que no estén reguladas.

Y ya en casa, el sindicato admite que la relación entre la Guardia Civil y la Policía no es todo lo técnica que cabría esperar. Hay competencia entre ambos y, por otra parte, un vínculo profesional complejo entre estos dos cuerpos y «aquellos otros de las comunidades autónomas que tienen reconocidas sus propias policías». Esto se traduce más que nada en el tratamiento y la transmisión de la información que posee cada uno, lo que hace muy dificultosa su puesta en común y, por ende, repercute en muchos casos en las investigaciones que derivan de estos.

De momento no hay reacciones, pero todo se andará.

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