4.2/5 (5)

La Falange española dice sentirse acosada institucionalmente después de que el Ayuntamiento de Zaragoza haya cancelado una de sus conferencias

El jefe nacional de la Falange Española de las JONS, Norberto Pico, frente a sus seguidores catalanes
El jefe nacional de la Falange Española de las JONS, Norberto Pico, frente a sus seguidores catalanes

En Zaragoza, no. El ayuntamiento de la ciudad ha revocado el permiso a la Falange para realizar una charla con motivo de la Ley de la Memoria Democrática en Aragón.

A las 18:00 horas de hoy, en el antiguo Matadero, Norberto Pico y Jorge Garrido —jefe nacional y vicesecretario regional de la organización, respectivamente— pretendían explicar a todo el que acudiese los peligros anticonstitucionales que, según su opinión, supondría la nueva ley para la Falange:

«Nos impediría utilizar nuestros símbolos y nuestro himno, vetarían nuestra actividad en la vida pública de un modo injusto y antidemocrático».

El caso es que la charla iba a darse en el centro cívico Salvador Allende, antiguo Matadero, en el que ya se ha despachado en otras ocasiones el Partido Socialista de la ciudad. Parece ser que el motivo por el que el Departamento de Participación Ciudadana de Zaragoza ha negado la autorización a la Falange responde a cuestiones de seguridad ciudadana que, sin embargo, constituyen una «alarma social inexistente» para la organización.

La Falange se siente acosada institucionalmente y el ayuntamiento asegura hacer cumplir la ley por cuestiones éticas y morales. Así, el capítulo III del anteproyecto de la Ley de Memoria de Memoria Democrática aragonesa se recoge «la prohibición de la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, y la prevención y evitación de los actos públicos en menoscabo de la dignidad de las víctimas o sus familiares o en homenaje del franquismo o sus responsable».

 

El incidente de Castelserás

De esto último tiene la culpa Teruel, en concreto, Castelserás, donde hace un par de días, la Dirección General de Contratación y Patrimonio del Gobierno aragonés desalojaba a un grupo falangista de un edificio de la localidad. A pesar de que la Falange consideró este desalojo más propio «de un gobierno de república bananera […] que se autoproclama como democrático», la verdad es que, según medios locales, el edificio es propiedad de la Dirección General. Por eso el desaposento se hizo en presencia de un notario y de la Policía Nacional, y, por eso, después de él se cambió la cerradura del edificio.

Y aquí vienen las desavenencias y el desequilibrio de pareceres, ya que la Falange asegura ser propietaria legítima del edificio, por lo que está dispuesta a llevar el asunto ante los tribunales, así como denunciar «los presuntos delitos de usurpación y robo con violencia» que nacerían en el mismo momento en el que las autoridades aragonesas forzaron la cerradura del inmueble.

Lo que sí es verdad es que la DGA retiró de Castelserás la simbología falangista que decoraba el exterior del inmueble junto con la documentación y otros enseres representativos de la organización:

«La institución autonómica también desvalijó los bienes de su interior y se apropió de una placa con el nombre de nuestra organización».

Pero, sea como sea, la Falange estará hoy en Zaragoza para dar la charla que tenía programada, lo que pasa que lo hará desde fuera, a las puertas del centro cívico de Zaragoza. Allí, Norberto Pico, que «tiene experiencia en boicots institucionales», está dispuesto a responder las cuestiones que haga falta ante la prensa y sus simpatizantes. A juzgar por los comentarios de los propios implicados a través de las redes sociales, poco se puede dudar sobre la previsión de nuevas demandas judiciales.

Valora este artículo